La medida, que busca solucionar el paro de pequeños camioneros, obliga a importadores y productores nacionales a chatarrizar un vehículo viejo por cada nuevo que intenten ingresar al mercado.

De no hacerlo, tendrán que pagar un póliza, que no solamente fue incrementada en su valor, sino a la que se redujo el plazo de vencimiento.

Según los importadores, los concesionarios y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el decreto frena por completo la renovación del parque automotor de carga, ya que la medida incluye no solamente a los autos con destino al servicio público sino a los particulares.

En efecto, la decisión del Ministerio de Transporte extiende la restricción a los vehículos particulares.

En comunicación enviada por Guillermo Botero, presidente de Fenalco, a la Presidencia de la República, el dirigente gremial asegura que con la modificación del valor asegurado y el plazo de las pólizas, "simplemente se hizo inviable la posibilidad de que estas tengan algún efecto, ya que indefectiblemente están condenadas a siniestrarse".

De acuerdo con lo planteado por Fenalco, sería mejor que de una vez exigieran que ese dinero se le entregara al Ministerio de Transporte, a cambio de imponer un nuevo trámite, el de las pólizas y el pago a las aseguradoras.

Los importadores y comercializadores de vehículos de carga sostienen que el país ha venido perdiendo aceleradamente competitividad, al bajar del puesto 34 en el 2004 al 41 en el 2008, en el escalafón mundial entre 55 naciones, en buena medida, como consecuencia de las limitaciones en el transporte.

Reglas de juego estables

El presidente de los comerciantes le recuerda al Gobierno que el decreto no contempló ningún plazo de transición para los ensambladores y productores que ya tenían un inventario disponible, a fin de que pudieran venderlo, y no causarles un grave perjuicio.

"Por lo menos pedimos que se excluyan de la obligación de chatarrizar, a las mulas de arrastre conocidas como minimulas". La carta de Fanalco advierte que esta medida, sin duda alguna, está atentando gravemente y en forma directa contra la competitividad del país "y más grave aún, contra la inversión extranjera".

Uno de los principales interrogantes se presenta con la empresa japonesa Hino, que tiene planeado montar una planta ensambladora de camiones y vehículos de carga en el país, pero que ahora se enfrenta a estas restricciones en el acceso al mercado.

"Para los inversionistas internacionales (como por ejemplo Hino que está construyendo fábrica de camiones en Colombia, y otras, que tienen inventarios de vehículos muy cuantiosos), este tipo de actuaciones por parte de un gobierno que supuestamente está interesado en atraer inversión extranjera es muy preocupante, y no contribuye a crear un clima de confianza", afirman los empresarios.

Advierten que esta medida lo que hizo fue encarecer los camiones viejos y cerrar las puertas a los nuevos. "No es una política seria de chatarrización porque no define la vida útil para los camiones ni ofrece incentivos financieros, para la renovación de la flota circulante".

Los importadores sostienen que su principal problema es que el Gobierno les cambió las reglas de juego en forma intempestiva y a mitad de camino.Alertan además sobre la forma como se está premiando la obsolescencia del transporte de carga en el país, cuya situación ya afecta al 70 por ciento de los autos de este tipo, lo que afecta la competitividad.

En opinión de los empresarios, tener vehículos de cargas cada vez más viejos, implica aumentar los costos de los fletes, con efectos negativos adicionales en la tarea de hacerle frente a la competencia desatada en el mercado internacional de productos.

Asecarga pide reglamentar las normas

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Transportadoras de carga (Asecarga), Jairo Herrera, dijo que la medida del Gobierno es sana, pero que es necesario reglamentarla, de tal manera que haga obligatoria la chatarrización de los vehículos de modelos anteriores a 1970.

También es indispensable crear líneas de crédito con bajos intereses que les permita a los pequeños transportadores sacar del mercado sus autos viejos para reemplazarlos por otros. "Si no quieren seguir en el negocio, es necesario reconocerles un dinero adicional, de tal manera que su retiro sea digno", dijo Herrera

Fuente: Portafolio